Es necesario aumentar las inversiones en educación y capacitación, en especial en los países en desarrollo. Estas inversiones deberían estar estrechamente vinculadas a estrategias y programas de crecimiento de la economía y los empleos. Es una responsabilidad que debería ser compartida entre los gobiernos (principal responsable), empresas, interlocutores sociales, e individuos. Para que la formación permanente sea una realidad, los países van a necesitar hacer reformas importantes de sus sistemas de educación y capacitación profesional. Esquemas que faciliten la transición escuela-empleo de los jóvenes deberían integrar la educación con el aprendizaje en el lugar de trabajo. Los sistemas de formación deben ser más flexibles y responder rápidamente a los requerimientos en materia de capacidades técnicas. Las reformas también deben ser enfocadas a las formas en que puede facilitarse el acceso al aprendizaje, y no sólo para la capacitación en categorías ocupacionales específicas.

La orientación y el asesoramiento profesional, la formación profesional y el desarrollo permanente de competencias para la empleabilidad son fundamentales para el éxito de las actividades de aprendizaje, la transición laboral eficaz, la planificación de los medios de subsistencia, el espíritu empresarial y el aumento de la participación en el mercado laboral. Son fundamentales para promover la utilización de las competencias, su reconocimiento, así como para mejorar la gestión de los recursos humanos de las empresas.

Las actividades de desarrollo profesional abarcan una amplia variedad de actividades, como la información y el asesoramiento en los recorridos profesionales, la orientación profesional, la exposición al trabajo, la evaluación, la tutoría, la asesoría, la creación de redes profesionales, la formación en competencias básicas y de empleabilidad (curricular y no curricular) y la formación empresarial. A menudo es un área que está fragmentada y es responsabilidad de diferentes ministerios (por ejemplo, educación, EFTP, empleo, juventud) lo cual requiere un esfuerzo para lograr la coordinación necesaria para proporcionar un apoyo adecuado a las personas durante los períodos de aprendizaje, empleo y desempleo/inactividad.

El acceso para todos a una educación de buena calidad, formación profesional y aprendizaje en el lugar de trabajo es un principio fundamental de la cohesión social y el crecimiento económico. Ciertos grupos de personas pueden requerir atención específica si desean beneficiarse de la educación, la capacitación y las oportunidades de empleo.

Este es particularmente el caso de los jóvenes desfavorecidos, los trabajadores poco calificados, las personas con discapacidad y las personas de las comunidades rurales. El atractivo de la educación y la formación profesional aumenta cuando se combina con la formación empresarial y cuando las políticas públicas fomentan el uso de competencias superiores por parte de las empresas.

A nivel mundial, casi 68 millones de mujeres y hombres jóvenes están buscando trabajo y están disponibles para trabajar, y se estima que 123 millones de jóvenes trabajan, pero viven en la pobreza. El número de personas que ni trabaja, ni estudia, ni recibe formación (“ninis”, que equivale al acrónimo "NEET" en inglés) es de 267 millones, y en su mayoría son mujeres jóvenes. Es significativo que los jóvenes tienen tres veces más probabilidades que los adultos (25 años o más) de estar desempleados.

El desarrollo de competencias es primordial para facilitar a los jóvenes una transición sin problemas hacia el mundo del trabajo. Es necesario un planteamiento amplio para integrar a las mujeres y hombres jóvenes en el mercado laboral, lo que incluye la capacitación práctica pertinente y de calidad, la información sobre el mercado laboral, la orientación profesional y los servicios de empleo, el reconocimiento del aprendizaje previo, la incorporación de la iniciativa empresarial con capacitación y predicción eficaz en materia de competencias. La mejora de la educación básica y de las competencias laborales fundamentales es particularmente importante para que los jóvenes participen en actividades de aprendizaje permanente y para facilitar su transición al mercado laboral.

Es necesario aumentar las inversiones en educación y capacitación, en especial en los países en desarrollo. Estas inversiones deberían estar estrechamente vinculadas a estrategias y programas de crecimiento de la economía y los empleos. Es una responsabilidad que debería ser compartida entre los gobiernos (principal responsable), empresas, interlocutores sociales, e individuos. Para que la formación permanente sea una realidad, los países van a necesitar hacer reformas importantes de sus sistemas de educación y capacitación profesional. Esquemas que faciliten la transición escuela-empleo de los jóvenes deberían integrar la educación con el aprendizaje en el lugar de trabajo. Los sistemas de formación deben ser más flexibles y responder rápidamente a los requerimientos en materia de capacidades técnicas. Las reformas también deben ser enfocadas a las formas en que puede facilitarse el acceso al aprendizaje, y no sólo para la capacitación en categorías ocupacionales específicas.

Las políticas de competencias y de empleo deben ser consideradas conjuntamente. Se puede aprovechar todo el potencial de una política cuando ésta apoya los objetivos de la otra. Para que las inversiones en educación y formación beneficien al máximo a los trabajadores, las empresas y las economías, es fundamental que exista una capacidad de coordinación de los países en tres ámbitos: establecer un vínculo entre la educación básica y la formación técnica y, posteriormente, el ingreso en el mercado laboral; asegurar la comunicación continua entre los empleadores y los proveedores de formación para que la formación responda a las necesidades y aspiraciones de los trabajadores y las empresas; e integrar las políticas de desarrollo de competencias en las políticas industriales, comerciales, tecnológicas, medioambientales, de inversión y de desarrollo rural y local.

El acceso de todos a una educación de calidad, a la formación profesional y a la formación en el puesto de trabajo es un principio fundamental de la cohesión social y el crecimiento económico. Algunos grupos de personas pueden requerir una atención específica para poder beneficiarse de las oportunidades de educación, formación y empleo.

Esto se aplica particularmente a los jóvenes desfavorecidos, los trabajadores menos calificados, las personas con discapacidad y aquellas que viven en comunidades rurales. El atractivo de la educación y formación profesionales se ve reforzado cuando se combina con formación empresarial y cuando las políticas públicas alientan la utilización de mayores competencias por parte de las empresas.

Las políticas de competencias y de empleo deben ser consideradas conjuntamente. Se puede aprovechar todo el potencial de una política cuando ésta apoya los objetivos de la otra. Para que las inversiones en educación y formación beneficien al máximo a los trabajadores, las empresas y las economías, es fundamental que exista una capacidad de coordinación de los países en tres ámbitos: establecer un vínculo entre la educación básica y la formación técnica y, posteriormente, el ingreso en el mercado laboral; asegurar la comunicación continua entre los empleadores y los proveedores de formación para que la formación responda a las necesidades y aspiraciones de los trabajadores y las empresas; e integrar las políticas de desarrollo de competencias en las políticas industriales, comerciales, tecnológicas, medioambientales, de inversión y de desarrollo rural y local.

El acceso de todos a una educación de calidad, a la formación profesional y a la formación en el puesto de trabajo es un principio fundamental de la cohesión social y el crecimiento económico. Algunos grupos de personas pueden requerir una atención específica para poder beneficiarse de las oportunidades de educación, formación y empleo.

Esto se aplica particularmente a los jóvenes desfavorecidos, los trabajadores menos calificados, las personas con discapacidad y aquellas que viven en comunidades rurales. El atractivo de la educación y formación profesionales se ve reforzado cuando se combina con formación empresarial y cuando las políticas públicas alientan la utilización de mayores competencias por parte de las empresas.

Ocho de cada 10 trabajadores pobres en el mundo -que viven con US $ 1,25 al día- residen en zonas rurales. Además, muchos están atrapados en empleos vulnerables, especialmente en la agricultura. Florecientes zonas rurales son vitales para el desarrollo regional y nacional. Sin embargo, las economías rurales tienden a hacer frente a una amplia gama de desafíos, que las zonas urbanas tienen más probabilidades de superar. Por ejemplo, el acceso a los servicios de transporte, sanidad y salud, y una base de consumidores a proximidad, lo cual apoya en gran medida el desarrollo de pequeñas y medianas empresas. Las mujeres y los hombres que trabajan en las zonas rurales también se enfrentan a dificultades asociadas con la escasez de oportunidades económicas, la falta de inversión, una infraestructura y servicios públicos deficientes, los cuales incluyen la educación, y, en muchos casos, un gobierno débil y mercados subdesarrollados.

La educación, el espíritu empresarial y la infraestructura física y social, juegan un papel importante para el desarrollo de las regiones rurales. Las competencias laborales son fundamentales para mejorar la empleabilidad, para generar oportunidades, reducir la pobreza, mejorar la productividad y promover el desarrollo sostenible.

La orientación y el asesoramiento profesional, la formación profesional y el desarrollo permanente de competencias para la empleabilidad son fundamentales para el éxito de las actividades de aprendizaje, la transición laboral eficaz, la planificación de los medios de subsistencia, el espíritu empresarial y el aumento de la participación en el mercado laboral. Son fundamentales para promover la utilización de las competencias, su reconocimiento, así como para mejorar la gestión de los recursos humanos de las empresas.

Las actividades de desarrollo profesional abarcan una amplia variedad de actividades, como la información y el asesoramiento en los recorridos profesionales, la orientación profesional, la exposición al trabajo, la evaluación, la tutoría, la asesoría, la creación de redes profesionales, la formación en competencias básicas y de empleabilidad (curricular y no curricular) y la formación empresarial. A menudo es un área que está fragmentada y es responsabilidad de diferentes ministerios (por ejemplo, educación, EFTP, empleo, juventud) lo cual requiere un esfuerzo para lograr la coordinación necesaria para proporcionar un apoyo adecuado a las personas durante los períodos de aprendizaje, empleo y desempleo/inactividad.

A nivel mundial, casi 68 millones de mujeres y hombres jóvenes están buscando trabajo y están disponibles para trabajar, y se estima que 123 millones de jóvenes trabajan, pero viven en la pobreza. El número de personas que ni trabaja, ni estudia, ni recibe formación (“ninis”, que equivale al acrónimo "NEET" en inglés) es de 267 millones, y en su mayoría son mujeres jóvenes. Es significativo que los jóvenes tienen tres veces más probabilidades que los adultos (25 años o más) de estar desempleados.

El desarrollo de competencias es primordial para facilitar a los jóvenes una transición sin problemas hacia el mundo del trabajo. Es necesario un planteamiento amplio para integrar a las mujeres y hombres jóvenes en el mercado laboral, lo que incluye la capacitación práctica pertinente y de calidad, la información sobre el mercado laboral, la orientación profesional y los servicios de empleo, el reconocimiento del aprendizaje previo, la incorporación de la iniciativa empresarial con capacitación y predicción eficaz en materia de competencias. La mejora de la educación básica y de las competencias laborales fundamentales es particularmente importante para que los jóvenes participen en actividades de aprendizaje permanente y para facilitar su transición al mercado laboral.

Es necesario aumentar las inversiones en educación y capacitación, en especial en los países en desarrollo. Estas inversiones deberían estar estrechamente vinculadas a estrategias y programas de crecimiento de la economía y los empleos. Es una responsabilidad que debería ser compartida entre los gobiernos (principal responsable), empresas, interlocutores sociales, e individuos. Para que la formación permanente sea una realidad, los países van a necesitar hacer reformas importantes de sus sistemas de educación y capacitación profesional. Esquemas que faciliten la transición escuela-empleo de los jóvenes deberían integrar la educación con el aprendizaje en el lugar de trabajo. Los sistemas de formación deben ser más flexibles y responder rápidamente a los requerimientos en materia de capacidades técnicas. Las reformas también deben ser enfocadas a las formas en que puede facilitarse el acceso al aprendizaje, y no sólo para la capacitación en categorías ocupacionales específicas.

Anticipación y adecuación de las necesidades en materia de competencias