Anticipación y adecuación de las necesidades en materia de competencias

Las políticas de competencias y de empleo deben ser consideradas conjuntamente. Se puede aprovechar todo el potencial de una política cuando ésta apoya los objetivos de la otra. Para que las inversiones en educación y formación beneficien al máximo a los trabajadores, las empresas y las economías, es fundamental que exista una capacidad de coordinación de los países en tres ámbitos: establecer un vínculo entre la educación básica y la formación técnica y, posteriormente, el ingreso en el mercado laboral; asegurar la comunicación continua entre los empleadores y los proveedores de formación para que la formación responda a las necesidades y aspiraciones de los trabajadores y las empresas; e integrar las políticas de desarrollo de competencias en las políticas industriales, comerciales, tecnológicas, medioambientales, de inversión y de desarrollo rural y local.

Es necesario aumentar las inversiones en educación y capacitación, en especial en los países en desarrollo. Estas inversiones deberían estar estrechamente vinculadas a estrategias y programas de crecimiento de la economía y los empleos. Es una responsabilidad que debería ser compartida entre los gobiernos (principal responsable), empresas, interlocutores sociales, e individuos. Para que la formación permanente sea una realidad, los países van a necesitar hacer reformas importantes de sus sistemas de educación y capacitación profesional. Esquemas que faciliten la transición escuela-empleo de los jóvenes deberían integrar la educación con el aprendizaje en el lugar de trabajo. Los sistemas de formación deben ser más flexibles y responder rápidamente a los requerimientos en materia de capacidades técnicas. Las reformas también deben ser enfocadas a las formas en que puede facilitarse el acceso al aprendizaje, y no sólo para la capacitación en categorías ocupacionales específicas.

Las políticas de competencias y de empleo deben ser consideradas conjuntamente. Se puede aprovechar todo el potencial de una política cuando ésta apoya los objetivos de la otra. Para que las inversiones en educación y formación beneficien al máximo a los trabajadores, las empresas y las economías, es fundamental que exista una capacidad de coordinación de los países en tres ámbitos: establecer un vínculo entre la educación básica y la formación técnica y, posteriormente, el ingreso en el mercado laboral; asegurar la comunicación continua entre los empleadores y los proveedores de formación para que la formación responda a las necesidades y aspiraciones de los trabajadores y las empresas; e integrar las políticas de desarrollo de competencias en las políticas industriales, comerciales, tecnológicas, medioambientales, de inversión y de desarrollo rural y local.

El acceso de todos a una educación de calidad, a la formación profesional y a la formación en el puesto de trabajo es un principio fundamental de la cohesión social y el crecimiento económico. Algunos grupos de personas pueden requerir una atención específica para poder beneficiarse de las oportunidades de educación, formación y empleo.

Esto se aplica particularmente a los jóvenes desfavorecidos, los trabajadores menos calificados, las personas con discapacidad y aquellas que viven en comunidades rurales. El atractivo de la educación y formación profesionales se ve reforzado cuando se combina con formación empresarial y cuando las políticas públicas alientan la utilización de mayores competencias por parte de las empresas.

Las políticas de competencias y de empleo deben ser consideradas conjuntamente. Se puede aprovechar todo el potencial de una política cuando ésta apoya los objetivos de la otra. Para que las inversiones en educación y formación beneficien al máximo a los trabajadores, las empresas y las economías, es fundamental que exista una capacidad de coordinación de los países en tres ámbitos: establecer un vínculo entre la educación básica y la formación técnica y, posteriormente, el ingreso en el mercado laboral; asegurar la comunicación continua entre los empleadores y los proveedores de formación para que la formación responda a las necesidades y aspiraciones de los trabajadores y las empresas; e integrar las políticas de desarrollo de competencias en las políticas industriales, comerciales, tecnológicas, medioambientales, de inversión y de desarrollo rural y local.

El acceso de todos a una educación de calidad, a la formación profesional y a la formación en el puesto de trabajo es un principio fundamental de la cohesión social y el crecimiento económico. Algunos grupos de personas pueden requerir una atención específica para poder beneficiarse de las oportunidades de educación, formación y empleo.

Esto se aplica particularmente a los jóvenes desfavorecidos, los trabajadores menos calificados, las personas con discapacidad y aquellas que viven en comunidades rurales. El atractivo de la educación y formación profesionales se ve reforzado cuando se combina con formación empresarial y cuando las políticas públicas alientan la utilización de mayores competencias por parte de las empresas.

Anticipación y adecuación de las necesidades en materia de competencias

La educación y la formación iniciales y el aprendizaje permanente benefician a las personas, los empleadores y la sociedad en su conjunto. Según los principios económicos, los costos de los servicios que aportan beneficios públicos y privados deberían ser compartidos por la financiación pública y privada; de lo contrario, no se proporcionará o no se seguirá la suficiente formación. Los mecanismos efectivos para financiar el desarrollo de competencias varían según las circunstancias políticas y económicas de los países y según su grado y nivel de diálogo social.

Es necesario aumentar las inversiones en educación y capacitación, en especial en los países en desarrollo. Estas inversiones deberían estar estrechamente vinculadas a estrategias y programas de crecimiento de la economía y los empleos. Es una responsabilidad que debería ser compartida entre los gobiernos (principal responsable), empresas, interlocutores sociales, e individuos. Para que la formación permanente sea una realidad, los países van a necesitar hacer reformas importantes de sus sistemas de educación y capacitación profesional. Esquemas que faciliten la transición escuela-empleo de los jóvenes deberían integrar la educación con el aprendizaje en el lugar de trabajo. Los sistemas de formación deben ser más flexibles y responder rápidamente a los requerimientos en materia de capacidades técnicas. Las reformas también deben ser enfocadas a las formas en que puede facilitarse el acceso al aprendizaje, y no sólo para la capacitación en categorías ocupacionales específicas.

El mundo de la enseñanza y el mundo del trabajo son independientes pero están interrelacionados. Mientras que el uno implica aprender, el otro produce bienes y servicios. Ninguno de los dos puede prosperar sin el otro. Las alianzas sólidas entre el gobierno, los empleadores y los trabajadores sirven para asegurar la adecuación de la formación a las necesidades cambiantes de las empresas y los mercados laborales.

Adecuar las competencias a la demanda del mercado de trabajo requiere información sectorial y profesional fiable así como instituciones que conecten a los empleadores con los proveedores de formación. Las estrategias e instituciones sectoriales han demostrado que pueden hacer participar a los grupos de interés en la promoción tanto de la formación previa al empleo como de la formación permanente.

Las políticas de competencias y de empleo deben ser consideradas conjuntamente. Se puede aprovechar todo el potencial de una política cuando ésta apoya los objetivos de la otra. Para que las inversiones en educación y formación beneficien al máximo a los trabajadores, las empresas y las economías, es fundamental que exista una capacidad de coordinación de los países en tres ámbitos: establecer un vínculo entre la educación básica y la formación técnica y, posteriormente, el ingreso en el mercado laboral; asegurar la comunicación continua entre los empleadores y los proveedores de formación para que la formación responda a las necesidades y aspiraciones de los trabajadores y las empresas; e integrar las políticas de desarrollo de competencias en las políticas industriales, comerciales, tecnológicas, medioambientales, de inversión y de desarrollo rural y local.

A nivel mundial, casi 68 millones de mujeres y hombres jóvenes están buscando trabajo y están disponibles para trabajar, y se estima que 123 millones de jóvenes trabajan, pero viven en la pobreza. El número de personas que ni trabaja, ni estudia, ni recibe formación (“ninis”, que equivale al acrónimo "NEET" en inglés) es de 267 millones, y en su mayoría son mujeres jóvenes. Es significativo que los jóvenes tienen tres veces más probabilidades que los adultos (25 años o más) de estar desempleados.

El desarrollo de competencias es primordial para facilitar a los jóvenes una transición sin problemas hacia el mundo del trabajo. Es necesario un planteamiento amplio para integrar a las mujeres y hombres jóvenes en el mercado laboral, lo que incluye la capacitación práctica pertinente y de calidad, la información sobre el mercado laboral, la orientación profesional y los servicios de empleo, el reconocimiento del aprendizaje previo, la incorporación de la iniciativa empresarial con capacitación y predicción eficaz en materia de competencias. La mejora de la educación básica y de las competencias laborales fundamentales es particularmente importante para que los jóvenes participen en actividades de aprendizaje permanente y para facilitar su transición al mercado laboral.

El mundo de la enseñanza y el mundo del trabajo son independientes pero están interrelacionados. Mientras que el uno implica aprender, el otro produce bienes y servicios. Ninguno de los dos puede prosperar sin el otro. Las alianzas sólidas entre el gobierno, los empleadores y los trabajadores sirven para asegurar la adecuación de la formación a las necesidades cambiantes de las empresas y los mercados laborales.

Las políticas de competencias y de empleo deben ser consideradas conjuntamente. Se puede aprovechar todo el potencial de una política cuando ésta apoya los objetivos de la otra. Para que las inversiones en educación y formación beneficien al máximo a los trabajadores, las empresas y las economías, es fundamental que exista una capacidad de coordinación de los países en tres ámbitos: establecer un vínculo entre la educación básica y la formación técnica y, posteriormente, el ingreso en el mercado laboral; asegurar la comunicación continua entre los empleadores y los proveedores de formación para que la formación responda a las necesidades y aspiraciones de los trabajadores y las empresas; e integrar las políticas de desarrollo de competencias en las políticas industriales, comerciales, tecnológicas, medioambientales, de inversión y de desarrollo rural y local.

A nivel mundial, casi 68 millones de mujeres y hombres jóvenes están buscando trabajo y están disponibles para trabajar, y se estima que 123 millones de jóvenes trabajan, pero viven en la pobreza. El número de personas que ni trabaja, ni estudia, ni recibe formación (“ninis”, que equivale al acrónimo "NEET" en inglés) es de 267 millones, y en su mayoría son mujeres jóvenes. Es significativo que los jóvenes tienen tres veces más probabilidades que los adultos (25 años o más) de estar desempleados.

El desarrollo de competencias es primordial para facilitar a los jóvenes una transición sin problemas hacia el mundo del trabajo. Es necesario un planteamiento amplio para integrar a las mujeres y hombres jóvenes en el mercado laboral, lo que incluye la capacitación práctica pertinente y de calidad, la información sobre el mercado laboral, la orientación profesional y los servicios de empleo, el reconocimiento del aprendizaje previo, la incorporación de la iniciativa empresarial con capacitación y predicción eficaz en materia de competencias. La mejora de la educación básica y de las competencias laborales fundamentales es particularmente importante para que los jóvenes participen en actividades de aprendizaje permanente y para facilitar su transición al mercado laboral.

Las políticas de competencias y de empleo deben ser consideradas conjuntamente. Se puede aprovechar todo el potencial de una política cuando ésta apoya los objetivos de la otra. Para que las inversiones en educación y formación beneficien al máximo a los trabajadores, las empresas y las economías, es fundamental que exista una capacidad de coordinación de los países en tres ámbitos: establecer un vínculo entre la educación básica y la formación técnica y, posteriormente, el ingreso en el mercado laboral; asegurar la comunicación continua entre los empleadores y los proveedores de formación para que la formación responda a las necesidades y aspiraciones de los trabajadores y las empresas; e integrar las políticas de desarrollo de competencias en las políticas industriales, comerciales, tecnológicas, medioambientales, de inversión y de desarrollo rural y local.

A nivel mundial, casi 68 millones de mujeres y hombres jóvenes están buscando trabajo y están disponibles para trabajar, y se estima que 123 millones de jóvenes trabajan, pero viven en la pobreza. El número de personas que ni trabaja, ni estudia, ni recibe formación (“ninis”, que equivale al acrónimo "NEET" en inglés) es de 267 millones, y en su mayoría son mujeres jóvenes. Es significativo que los jóvenes tienen tres veces más probabilidades que los adultos (25 años o más) de estar desempleados.

El desarrollo de competencias es primordial para facilitar a los jóvenes una transición sin problemas hacia el mundo del trabajo. Es necesario un planteamiento amplio para integrar a las mujeres y hombres jóvenes en el mercado laboral, lo que incluye la capacitación práctica pertinente y de calidad, la información sobre el mercado laboral, la orientación profesional y los servicios de empleo, el reconocimiento del aprendizaje previo, la incorporación de la iniciativa empresarial con capacitación y predicción eficaz en materia de competencias. La mejora de la educación básica y de las competencias laborales fundamentales es particularmente importante para que los jóvenes participen en actividades de aprendizaje permanente y para facilitar su transición al mercado laboral.

El acceso de todos a una educación de calidad, a la formación profesional y a la formación en el puesto de trabajo es un principio fundamental de la cohesión social y el crecimiento económico. Algunos grupos de personas pueden requerir una atención específica para poder beneficiarse de las oportunidades de educación, formación y empleo.

Esto se aplica particularmente a los jóvenes desfavorecidos, los trabajadores menos calificados, las personas con discapacidad y aquellas que viven en comunidades rurales. El atractivo de la educación y formación profesionales se ve reforzado cuando se combina con formación empresarial y cuando las políticas públicas alientan la utilización de mayores competencias por parte de las empresas.

Anticipación y adecuación de las necesidades en materia de competencias

La orientación y el asesoramiento profesional, la formación profesional y el desarrollo permanente de competencias para la empleabilidad son fundamentales para el éxito de las actividades de aprendizaje, la transición laboral eficaz, la planificación de los medios de subsistencia, el espíritu empresarial y el aumento de la participación en el mercado laboral. Son fundamentales para promover la utilización de las competencias, su reconocimiento, así como para mejorar la gestión de los recursos humanos de las empresas.

Las actividades de desarrollo profesional abarcan una amplia variedad de actividades, como la información y el asesoramiento en los recorridos profesionales, la orientación profesional, la exposición al trabajo, la evaluación, la tutoría, la asesoría, la creación de redes profesionales, la formación en competencias básicas y de empleabilidad (curricular y no curricular) y la formación empresarial. A menudo es un área que está fragmentada y es responsabilidad de diferentes ministerios (por ejemplo, educación, EFTP, empleo, juventud) lo cual requiere un esfuerzo para lograr la coordinación necesaria para proporcionar un apoyo adecuado a las personas durante los períodos de aprendizaje, empleo y desempleo/inactividad.

La educación y la formación iniciales y el aprendizaje permanente benefician a las personas, los empleadores y la sociedad en su conjunto. Según los principios económicos, los costos de los servicios que aportan beneficios públicos y privados deberían ser compartidos por la financiación pública y privada; de lo contrario, no se proporcionará o no se seguirá la suficiente formación. Los mecanismos efectivos para financiar el desarrollo de competencias varían según las circunstancias políticas y económicas de los países y según su grado y nivel de diálogo social.

Es necesario aumentar las inversiones en educación y capacitación, en especial en los países en desarrollo. Estas inversiones deberían estar estrechamente vinculadas a estrategias y programas de crecimiento de la economía y los empleos. Es una responsabilidad que debería ser compartida entre los gobiernos (principal responsable), empresas, interlocutores sociales, e individuos. Para que la formación permanente sea una realidad, los países van a necesitar hacer reformas importantes de sus sistemas de educación y capacitación profesional. Esquemas que faciliten la transición escuela-empleo de los jóvenes deberían integrar la educación con el aprendizaje en el lugar de trabajo. Los sistemas de formación deben ser más flexibles y responder rápidamente a los requerimientos en materia de capacidades técnicas. Las reformas también deben ser enfocadas a las formas en que puede facilitarse el acceso al aprendizaje, y no sólo para la capacitación en categorías ocupacionales específicas.

La medición de los resultados de los sistemas, políticas y programas específicos en materia de competencias es esencial para supervisar y mejorar su eficacia y pertinencia. Entre los elementos de un buen proceso de evaluación figuran: unas instituciones que tengan en cuenta la opinión de los empleadores y de los trabajadores en prácticas; unos mecanismos de seguimiento de los resultados de la formación en el mercado laboral y unos sistemas de rendición de cuentas que utilicen dicha información; así como una información cuantitativa y cualitativa del mercado laboral y una transmisión de la misma a todos los interesados.

El mundo de la enseñanza y el mundo del trabajo son independientes pero están interrelacionados. Mientras que el uno implica aprender, el otro produce bienes y servicios. Ninguno de los dos puede prosperar sin el otro. Las alianzas sólidas entre el gobierno, los empleadores y los trabajadores sirven para asegurar la adecuación de la formación a las necesidades cambiantes de las empresas y los mercados laborales.

Adecuar las competencias a la demanda del mercado de trabajo requiere información sectorial y profesional fiable así como instituciones que conecten a los empleadores con los proveedores de formación. Las estrategias e instituciones sectoriales han demostrado que pueden hacer participar a los grupos de interés en la promoción tanto de la formación previa al empleo como de la formación permanente.

Las políticas de competencias y de empleo deben ser consideradas conjuntamente. Se puede aprovechar todo el potencial de una política cuando ésta apoya los objetivos de la otra. Para que las inversiones en educación y formación beneficien al máximo a los trabajadores, las empresas y las economías, es fundamental que exista una capacidad de coordinación de los países en tres ámbitos: establecer un vínculo entre la educación básica y la formación técnica y, posteriormente, el ingreso en el mercado laboral; asegurar la comunicación continua entre los empleadores y los proveedores de formación para que la formación responda a las necesidades y aspiraciones de los trabajadores y las empresas; e integrar las políticas de desarrollo de competencias en las políticas industriales, comerciales, tecnológicas, medioambientales, de inversión y de desarrollo rural y local.