El acceso de todos a una educación de calidad, a la formación profesional y a la formación en el puesto de trabajo es un principio fundamental de la cohesión social y el crecimiento económico. Algunos grupos de personas pueden requerir una atención específica para poder beneficiarse de las oportunidades de educación, formación y empleo.

Esto se aplica particularmente a los jóvenes desfavorecidos, los trabajadores menos calificados, las personas con discapacidad y aquellas que viven en comunidades rurales. El atractivo de la educación y formación profesionales se ve reforzado cuando se combina con formación empresarial y cuando las políticas públicas alientan la utilización de mayores competencias por parte de las empresas.

Ocho de cada 10 trabajadores pobres en el mundo -que viven con US $ 1,25 al día- residen en zonas rurales. Además, muchos están atrapados en empleos vulnerables, especialmente en la agricultura. Florecientes zonas rurales son vitales para el desarrollo regional y nacional. Sin embargo, las economías rurales tienden a hacer frente a una amplia gama de desafíos, que las zonas urbanas tienen más probabilidades de superar. Por ejemplo, el acceso a los servicios de transporte, sanidad y salud, y una base de consumidores a proximidad, lo cual apoya en gran medida el desarrollo de pequeñas y medianas empresas. Las mujeres y los hombres que trabajan en las zonas rurales también se enfrentan a dificultades asociadas con la escasez de oportunidades económicas, la falta de inversión, una infraestructura y servicios públicos deficientes, los cuales incluyen la educación, y, en muchos casos, un gobierno débil y mercados subdesarrollados.

La educación, el espíritu empresarial y la infraestructura física y social, juegan un papel importante para el desarrollo de las regiones rurales. Las competencias laborales son fundamentales para mejorar la empleabilidad, para generar oportunidades, reducir la pobreza, mejorar la productividad y promover el desarrollo sostenible.

El acceso de todos a una educación de calidad, a la formación profesional y a la formación en el puesto de trabajo es un principio fundamental de la cohesión social y el crecimiento económico. Algunos grupos de personas pueden requerir una atención específica para poder beneficiarse de las oportunidades de educación, formación y empleo.

Esto se aplica particularmente a los jóvenes desfavorecidos, los trabajadores menos calificados, las personas con discapacidad y aquellas que viven en comunidades rurales. El atractivo de la educación y formación profesionales se ve reforzado cuando se combina con formación empresarial y cuando las políticas públicas alientan la utilización de mayores competencias por parte de las empresas.

Anticipación y adecuación de las necesidades en materia de competencias

La orientación y el asesoramiento profesional, la formación profesional y el desarrollo permanente de competencias para la empleabilidad son fundamentales para el éxito de las actividades de aprendizaje, la transición laboral eficaz, la planificación de los medios de subsistencia, el espíritu empresarial y el aumento de la participación en el mercado laboral. Son fundamentales para promover la utilización de las competencias, su reconocimiento, así como para mejorar la gestión de los recursos humanos de las empresas.

Las actividades de desarrollo profesional abarcan una amplia variedad de actividades, como la información y el asesoramiento en los recorridos profesionales, la orientación profesional, la exposición al trabajo, la evaluación, la tutoría, la asesoría, la creación de redes profesionales, la formación en competencias básicas y de empleabilidad (curricular y no curricular) y la formación empresarial. A menudo es un área que está fragmentada y es responsabilidad de diferentes ministerios (por ejemplo, educación, EFTP, empleo, juventud) lo cual requiere un esfuerzo para lograr la coordinación necesaria para proporcionar un apoyo adecuado a las personas durante los períodos de aprendizaje, empleo y desempleo/inactividad.

La educación y la formación iniciales y el aprendizaje permanente benefician a las personas, los empleadores y la sociedad en su conjunto. Según los principios económicos, los costos de los servicios que aportan beneficios públicos y privados deberían ser compartidos por la financiación pública y privada; de lo contrario, no se proporcionará o no se seguirá la suficiente formación. Los mecanismos efectivos para financiar el desarrollo de competencias varían según las circunstancias políticas y económicas de los países y según su grado y nivel de diálogo social.

Es necesario aumentar las inversiones en educación y capacitación, en especial en los países en desarrollo. Estas inversiones deberían estar estrechamente vinculadas a estrategias y programas de crecimiento de la economía y los empleos. Es una responsabilidad que debería ser compartida entre los gobiernos (principal responsable), empresas, interlocutores sociales, e individuos. Para que la formación permanente sea una realidad, los países van a necesitar hacer reformas importantes de sus sistemas de educación y capacitación profesional. Esquemas que faciliten la transición escuela-empleo de los jóvenes deberían integrar la educación con el aprendizaje en el lugar de trabajo. Los sistemas de formación deben ser más flexibles y responder rápidamente a los requerimientos en materia de capacidades técnicas. Las reformas también deben ser enfocadas a las formas en que puede facilitarse el acceso al aprendizaje, y no sólo para la capacitación en categorías ocupacionales específicas.

La medición de los resultados de los sistemas, políticas y programas específicos en materia de competencias es esencial para supervisar y mejorar su eficacia y pertinencia. Entre los elementos de un buen proceso de evaluación figuran: unas instituciones que tengan en cuenta la opinión de los empleadores y de los trabajadores en prácticas; unos mecanismos de seguimiento de los resultados de la formación en el mercado laboral y unos sistemas de rendición de cuentas que utilicen dicha información; así como una información cuantitativa y cualitativa del mercado laboral y una transmisión de la misma a todos los interesados.

El mundo de la enseñanza y el mundo del trabajo son independientes pero están interrelacionados. Mientras que el uno implica aprender, el otro produce bienes y servicios. Ninguno de los dos puede prosperar sin el otro. Las alianzas sólidas entre el gobierno, los empleadores y los trabajadores sirven para asegurar la adecuación de la formación a las necesidades cambiantes de las empresas y los mercados laborales.

Adecuar las competencias a la demanda del mercado de trabajo requiere información sectorial y profesional fiable así como instituciones que conecten a los empleadores con los proveedores de formación. Las estrategias e instituciones sectoriales han demostrado que pueden hacer participar a los grupos de interés en la promoción tanto de la formación previa al empleo como de la formación permanente.

Las políticas de competencias y de empleo deben ser consideradas conjuntamente. Se puede aprovechar todo el potencial de una política cuando ésta apoya los objetivos de la otra. Para que las inversiones en educación y formación beneficien al máximo a los trabajadores, las empresas y las economías, es fundamental que exista una capacidad de coordinación de los países en tres ámbitos: establecer un vínculo entre la educación básica y la formación técnica y, posteriormente, el ingreso en el mercado laboral; asegurar la comunicación continua entre los empleadores y los proveedores de formación para que la formación responda a las necesidades y aspiraciones de los trabajadores y las empresas; e integrar las políticas de desarrollo de competencias en las políticas industriales, comerciales, tecnológicas, medioambientales, de inversión y de desarrollo rural y local.