Étude sur l’amélioration du dispositif national de financement de la formation continue

Las políticas de competencias y de empleo deben ser consideradas conjuntamente. Se puede aprovechar todo el potencial de una política cuando ésta apoya los objetivos de la otra. Para que las inversiones en educación y formación beneficien al máximo a los trabajadores, las empresas y las economías, es fundamental que exista una capacidad de coordinación de los países en tres ámbitos: establecer un vínculo entre la educación básica y la formación técnica y, posteriormente, el ingreso en el mercado laboral; asegurar la comunicación continua entre los empleadores y los proveedores de formación para que la formación responda a las necesidades y aspiraciones de los trabajadores y las empresas; e integrar las políticas de desarrollo de competencias en las políticas industriales, comerciales, tecnológicas, medioambientales, de inversión y de desarrollo rural y local.

En el centro de cualquier sistema de competencias se encuentran los gestores y el personal de las instituciones de formación, quienes se enfrentan a retos considerables para impartir programas de calidad en una época de restricciones fiscales. A medida que aumentan las expectativas puestas en las instituciones, se espera cada vez más que los gestores y formadores ofrezcan programas flexibles, receptivos y de actualidad, basados en asociaciones sólidas con los empleadores locales que proporcionen buenos resultados a nivel de empleo. Por ello, es necesario que los mandantes refuercen la capacidad de su personal institucional para satisfacer las expectativas que les imponen los sistemas impulsados por la demanda.